Gobierno de México propone impuesto a los refrescos: ¿podría beneficiar la salud de los niños mexicanos?

En el último año, algunos países latinoamericanos (como Perú, Colombia y Brasil) han salido al frente del movimiento de disminuir el consumo de productos nocivos para sus niños. El mes pasado, México dio un paso importante cuando su presidente propuso un impuesto nacional a las bebidas azucaradas como parte de una amplia reforma fiscal. El impuesto tiene como objetivo generar ingresos para el estado, y también combatir los graves problemas de obesidad y diabetes que sufre el país. Los mexicanos son los mayores consumidores de refrescos del mundo, con un consumo per cápita de 163 litros al año. El país también tiene los niveles más altos de obesidad en el mundo entre los países con más de 100 millones de personas.

 

Defensores de la salud, como Alejandro Calvillo de la asociación civil Poder del Consumidor, han elogiado la medida como una respuesta muy necesaria a una “emergencia de salud pública” en el país. La industria de refrescos en México, en cambio, se opone al impuesto, y lo ha criticado como poco efectivo, y perjudicial para la economía.     

 

Además, están bajo debate algunos detalles que podrían aumentar el impacto del impuesto en la salud del país. Todavía está por decidir, por ejemplo, como etiquetar los ingresos del impuesto. Un senador del partido PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, sugirió recientemente que el gobierno destine los ingresos adicionales recaudados para atender las enfermedades causadas por el consumo de las bebidas azucaradas, como la diabetes y la obesidad. También indicó que parte de la recaudación debe destinarse a campañas informativas para prevenir el consumo de refrescos. (link)

 

Destinar los recursos generados por el impuesto al sector salud podría ser sumamente importante para el éxito de la propuesta. En otros países se ha observado que existe mucho más apoyo público para los impuestos a los refrescos que financien programas de salud.  Además, destinar los recursos adicionales generados a la salud podría ampliar el beneficio a la salud pública que tiene el impuesto. 

 

Sin embargo, para resolver la crisis de salud publica que enfrenta el país, es importante que cualquier financiamiento no sólo trate las enfermedades que producen los refrescos, sino también ayude a prevenir el consumo excesivo de estas bebidas.  El Senador Preciado reconoció la importancia de la prevención en su propuesta, sugiriendo el financiamiento de campañas informativas, pero este tipo de educación al público es una medida de prevención muy limitada. Las campañas educativas ponen toda la responsabilidad de reducir el consumo de refrescos en las personas afectadas, y no toman en cuenta la poderosa influencia de la industria de refrescos. Los niños mexicanos viven en un ambiente saturado con bebidas azucaradas que son extremadamente baratas, accesibles en cualquier lugar, y agresivamente promocionadas con campañas multimillonarias. Además, muchos niños mexicanos viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema en que el consumo de alimentos y bebidas baratos y altos en azúcar y calorías es una estrategia de sobrevivencia.

 

Hasta que se transforme este ambiente nocivo a la salud, será muy difícil disminuir sustancialmente el consumo de las bebidas azucaradas, y mejorar la situación de la salud pública. Incrementar el precio de los refrescos aplicando el nuevo impuesto sería un importante primer paso para reducir el consumo de estos productos, y podría servir como modelo para otros países. Sin embargo, mientras continúe el debate sobre esta importante propuesta, y sobre cómo destinar los recursos que se generarían, un enfoque en la prevención y en la transformación del ambiente podría hacer una gran diferencia en la salud de los mexicanos.